La interrupción de un embarazo en El Salvador es sinónimo de muerte e injusticia. Las mujeres de este país centroamericano viven con unas de las políticas más cruentas en lo que refiere con derechos sexuales y reproductivos. El Salvador prohíbe el aborto sin excepciones; sin importar si es a causa de una violación, o por alguna emergencia obstétrica. Si la mujer aborta incluso así no lo quiera, el veredicto será el mismo: “homicidio agravado”.
Venga, y conozca un poco más la dura realidad que deben vivir las mujeres salvadoreñas.
En noviembre de 2021, ocurrió algo histórico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al Salvador por violar los derechos humanos a Manuela, una mujer analfabeta de escasos recursos que sufría un cáncer linfático no diagnosticado. Algunos apuntan que esta enfermedad provocó una emergencia obstétrica que terminó expulsando el feto. Por este hecho, fue sentenciada a 30 años de prisión en el 2008. Ella muere esposada a una cama de hospital en el 2011.
Nombre dado para proteger su identidad.
Estos casos se repiten cada vez con mayor frecuencia en El Salvador, ya que en el Código Penal de 1997 en su decreto 1030 establece que el aborto es penalizado en todas las circunstancias, además que especifica cuáles serán las condenas para quienes faciliten o ayuden a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Los que defienden estas medidas argumentan que se busca garantizar la vida humana desde la concepción.
Sin embargo, esto no siempre ha sido así. En el 1973 el código penal en su decreto 270 establecía que el aborto “no será punible cuando, con el consentimiento de la mujer – o, en caso de que esta sea menor, incapaz o estuviere imposibilitada de dar el consentimiento, de su representante legal, pariente cercano o cónyuge – y previo dictamen médico, tenga el propósito de salvar la vida de la madre, si para ello no hubiere otro medio; en caso de que el embarazo sea consecuencia de un delito de violación o estupro; y cuando se lo hace para evitar una deformidad previsible grave producto de la concepción” Es decir, era legal las tres causales que suelen ser conocidas y compartidas en otras países latinoamericanos.
Pero entonces, ¿Qué pasó? Cambios políticos, reformas constitucionales que nunca han tenido como eje central los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y aquí es importante mencionar, que en El Salvador las fuerzas políticas alternativas no han sido contundentes en rechazar estas medidas que afectan gravemente a las mujeres; ningún partido político ha abanderado esta lucha, seguramente porque el costo político es alto en un país mayormente católico y con índices escandalosos de violencia de género. Mientras ninguno se compromete, las mujeres siguen sufriendo.
Condenadas
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha liderado las investigaciones sobre el impacto de la penalización absoluta del aborto en El Salvador y su relación con las condenas por homicidio agravado.
“La tercera actualización del informe «Del hospital a la cárcel» permitió identificar 181 casos de procesadas, de 1999 a 2019, por aborto o emergencias obstétricas que provocaron muerte o riesgo al embrión”
La vida después de la criminalización del aborto en El Salvador. Metzi Rosales Martel. 27 de abril de 2022.
Así es, 181 mujeres han sido procesadas, muchas de ellas por sufrir emergencias obstétricas, es decir, por un accidente fueron juzgadas y en varios casos, condenadas a prisión. ¿Cómo se permite que un Estado haga esos con sus mujeres? ¿Por qué las vulneran de una manera tan flagrante?
Las respuestas a estas preguntas pueden ir saliendo a la luz cuando el actual presidente del Salvador, Nayib Bukele, un hombre que se ha definido como el “dictador más cool del mundo” ha dicho que no está a favor el aborto y cree que,
“algún día nos daremos cuenta de que el aborto es un gran genocidio».
A la cárcel por perder un bebé: El Salvador y la ley sobre el aborto. DW. 11 de febrero de 2022.
Raro es que al Presidente no le parezca un genocidio lo que están haciendo con sus mujeres pues, las están condenando a la muerte, exclusión y violencia. La penalización del aborto no remedia ni evita nada. Solo causa una constante vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres que se ven expuestas a practicarse abortos clandestinos, al miedo y la zozobra de ser condenadas sin ser culplables de nada y al tener que vivir con la estigamatización de haber pasado por un aborto.
Precisamente, la CIDH en la sentencia, Manuela y otros Vs. El Salvador, condenó al estado salvadoreño por violar la libertad personal, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida y la personalidad; y violar la integridad, la privacidad y la salud de Manuela. Pero Manuela no ha sido la única, son muchas Manuelas a las que les da la espalda si tienen alguna emergencia obstétrica, si desean interrumpir su embarazo porque fueron violadas, o porque simplemente no desean ser madres. Son mujeres que están expuestas y en riesgo de perder su libertad o vida.
Otro clarísimo ejemplo de las violaciones constantes de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en El Salvador es el caso de Beatriz.
Era una mujer de 22 años que en la semana 13 de su embarazo descubrió que el bebé era inviable a la vida dado que venía sin cerebro y seguir con la gestión ponía en riesgo su vida.
En El Salvador “aborto” es una mala palabra. María Luz Nóchez. Volcánicas. 28 de septiembre de 2022.
No solo no interrumpieron su embarazo sino que efectivamente su salud empeoró. Ella sufría de lupus lo que le ocasionó hipertensión arterial, artritis, anemia e insuficiencia renal. Una gestación en esas condiciones atentaba contra su derecho a la vida y violaba su integridad. Años más tarde, muere. Los que dicen defender la vida, ¿Por qué no se preocuparon por la de Beatriz?
Al mismo tiempo, las mujeres que han sido encarceladas, cuando salen
“deben regresar a lugares donde la discriminación y el estigma hacen de su «libertad» otra prisión, y la condena moral y social no les permite obtener un empleo ni una vivienda digna.”
La vida después de la criminalización del aborto en El Salvador. Metzi Rosales Martel. 27 de abril de 2022.
Es decir, las mujeres deben pagar penalmente por un accidente y cuando salen, muchas son discriminadas e intimidadas. La penalización social del aborto es otra condena que deben pagar las mujeres salvadoreñas.
Las voces en medio de tanto silencio
Mientras el gobierno ignora la situación, existen organizaciones lideradas por mujeres valientes que sueñan que su país sea garante en la interrupción voluntaria del embarazo. Un claro ejemplo, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una organización multidisciplinaria que ha establecido como uno de sus fines, promover la conciencia ciudadana en busqueda de cambiar la legislación existente sobre el aborto, además de defender legalmente a las mujeres que han sido condenadas o que están siendo acusadas por abortos o delitos relacionados.
Morena Herrera, una de las activistas por los derechos de las mujeres más conocida del país argumenta que,
“En El Salvador no hay ninguna opción para abortar, ni en niñas de 10 años embarazadas como resultado de hechos criminales de violencia sexual. No tienen otra opción que continuar con sus embarazos. En los últimos 5 años, según el Fondo de Población, al día por lo menos 48 niñas y adolescentes quedaron embarazadas.”
Morena Herrera: «En El Salvador ha habido decenas de mujeres como Manuela que han sufrido la criminalización por abortos espontáneos». La MalaFe. s.f.
El silencio sin duda ya no es una opción y eso lo saben muy bien las mujeres salvadoreñas que pese al abuso y revictimización, no ceden frente a la lucha por sus derechos sexuales y reproductivos. Los voces no se callarán hasta que en el Salvador el aborto sea legal, seguro y gratuito.